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Una democracia local des-controlada
Los resultados del Índice de Transparencia Departamental (ITD) ponen en evidencia fisuras estructurales del sistema, responsables de vicios que dificultan la lucha contra la corrupción en el sector público. La radiografía institucional magistralmente esbozada por la Corporación Transparencia por Colombia logra identificar uno de los síntomas que padece la anatomía de la democracia colombiana: la falta de anticuerpos eficientes contra enfermedades potenciales.
Uno de los pilares de toda democracia real es la existencia de contrapesos al accionar de los gobiernos, bien sea por medio de los partidos políticos, la división de poderes, la veeduría ciudadana y la acción de organismos de control independientes. La vigilancia permite orientar y generar insumos para la creación de políticas públicas consecuentes a la filosofía del gobierno de las mayorías.
Bajo dicho esquema, y respondiendo a preceptos constitucionales, en Colombia el Congreso de la República aprobó en 1993 la Ley 42 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, con el fin de promover mecanismos de vigilancia sobre la ejecución presupuestal de la nación en todos sus niveles, capítulo neurálgico del cual se desprende la inversión social en el país. Las Contralorías departamentales fueron facultadas para vigilar los gobiernos descentralizados (las gobernaciones departamentales por ejemplo) y dotadas de autonomía presupuestal, administrativa, y contractual.
Evolución de los resultados ponderados del índice de
Es por ende preocupante el resultado histórico del ITD, el cual sitúa a los organismos de control fiscal regional (contralorías) en niveles de riesgo de corrupción más elevados (o si se quiere con menores niveles de transparencia) que las gobernaciones regionales. Es decir, los entes de control parecen presentar (en promedio) una mayor propensión hacia la corrupción que las entidades vigiladas. Suena altamente contradictorio y aun cuando se muestra una evolución que tiende a corregir el desfalco (en 2006 casi convergen los puntajes ponderados), hecho frente al cual habría que rescatar los esfuerzos gubernamentales por profesionalizar el servicio, resulta insuficiente una puntuación que debería situarse cuando menos en niveles de bajo riesgo (sobre los 82.57 puntos). Las Contralorías de Antioquia, Meta, Atlántico y del Huila se encuentran dentro dichos estándares.
De acuerdo con Margareth Flórez, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, lo anterior puede explicarse por la falta de independencia de dichos organismos (declaración tomada del diario El Tiempo). No deja ser inquietante que los recursos de financiamiento de las Contralorías dependan directamente de los entes que tienen bajo su jurisdicción de vigilancia; “Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0.2%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior” según lo establece el artículo 9 de la Ley 617 de 2000.
Lo anterior crea borrosos escenarios permisivos al surgimiento de plutocracias locales blindadas ante cualquier mecanismo de control, producto de un pago del servicio de auditoria fiscal, hasta cierto punto, condicionado al resultado del mismo (“si me va mal no pago”, hecho ilegal pero posible dentro de nuestra debilidad institucional). Al tiempo distorsiona la panorámica institucional construida al poder afectar, debido a ineficiencia, negligencia u omisión, el real resultado de transparencia de instituciones que dependen de la información suministrada desde las bases de datos de las Contralorías regionales.
Durante el evento donde se presentaban los resultados del ITD se preguntaba a los panelistas frente a los retos de la administración pública para afrontar el flagelo de la corrupción. Creo que en medio de comentarios valiosos se lanzaron votos ambiguos a favor de profundizar el esquema de descentralización nacional. Si bien es cierto que la reforma es inminente debe ser focalizada para evitar la ambigüedad de la totalidad. Uno de los pilares debe ser el mejoramiento integral de los sistemas de control y la independencia total de sus entes vigilados por medio de una autonomía presupuestal no condicionada. Un camino que se podría explorar es la transferencia de recursos de las Contralorías regionales directamente desde la Contraloría General de la República; si bien debe profundizarse la descentralización no puede perderse el control sobre el proceso.
Muchas enfermedades son contagiosas. Pretender crear reformas basadas en la buena voluntad del virus para no propagarse puede resultar inoficioso. Un médico nos aconsejaría activar nuestras defensas reforzando el sistema inmune. El sistema político funciona bajo un esquema similar.
Por: Juan David Parra - Miércoles, 18 De Junio 2008
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