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El tiempo se agota
M. Nicolás Montoya Céspedes Abogado, Misión de Observación Electoral – MOE- Queda poco tiempo para corregir los errores que trae la reforma política puesto que el pasado martes en el seno de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se debatió y aprobó en quinto debate dicho proyecto de acto legislativo, dejando sólo tres debates por cumplir para la aprobación de la iniciativa que pretende blindar a las organizaciones políticas de la infiltración de los grupos armados ilegales. No es este el momento para detenerse en las implicaciones específicas de cada uno de los artículos de la Reforma, para lo cual se requiere un análisis detallado de los contenidos, que ojalá se dé en los próximos días. Por el momento, mientras eso se produce, se puede hacer una agrupación de los contenidos de la iniciativa de reforma en dos ejes fundamentales: sanciones y fortalecimiento de partidos y movimientos políticos. En el primer eje destaca lo que se conoce como ‘silla vacía’ y en el segundo eje resalta el aumento del umbral. Al recordar un poco cómo se ha dado el debate, se debe reconocer que lo que en principio se centró alrededor del fortalecimiento de los partidos, gracias al incremento del umbral, se ha convertido en las semanas recientes en un debate alrededor de las sanciones que se deben imponer a los partidos que avalaron candidatos que tuvieron vínculos con grupos armados ilegales. Sobre este último no hay debate. Éste se debe centrar alrededor de qué sanción y, por sobre todo, cómo hacer para garantizar su aplicación. Un aspecto que resulta fundamental alrededor de las sanciones es el criterio que sirve como detonante para su aplicación. Hoy dicho criterio es la sentencia condenatoria por la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o narcotráfico. Lo que conlleva dos problemas de aplicación de las sanciones: i) hasta el momento hay sólo cuatro condenados por esos delitos, por lo que la aplicación inmediata de la sanción resulta aparente. Por eso, aquellos que esperan una purga al interior del Congreso se quedarán esperando a que se produzcan las sentencias y mientras tanto deberán aceptar que se siga presentado el carrusel. En otras palabras, aceptar una reforma que no reforma. ii) debido a que los términos judiciales pueden llevar a que la sentencia condenatoria se produzca mucho tiempo después de que la persona sea vinculada a la investigación por estos delitos, en términos reales puede darse que la sanción no llegue a ser aplicada sino con posterioridad a la terminación del período para el que la persona resultó electa, momento en el cual quede ejecutoriada la sentencia condenatoria y no haya lugar a una sanción efectiva y ejemplarizante. Los problemas de aplicación podrían ilustrarse con el siguiente ejemplo: para las elecciones del 2006 un partido avaló a un candidato que resultó elegido, con la votación más alta de su partido, para el período 2006-2010. Una vez en ejercicio de la curul, la Corte Suprema de Justicia le inició una investigación por vínculos con grupos armados ilegales. Llegadas las elecciones del 2010, por diversas razones dicho candidato no se presenta a las elecciones, pero el partido que lo avaló en las anteriores sí presenta candidatos. En 2010 el partido obtiene la mayor votación a nivel nacional, sin la participación del candidato hasta ese momento investigado. Luego, en 2011, la Corte Suprema de Justicia condena en última instancia al congresista. Se debería entonces entrar a aplicar la sanción contemplada en esta reforma. Suponiendo que la exclusión de los votos del condenado implica la pérdida de la personería jurídica ¿Qué sucedería en dicho caso?, ¿debe el partido perder todas las curules obtenidas en el 2010?, ¿debe perder la personería jurídica pero conservar las curules? Ante estas perplejidades, poco importa si la Constitución consagra o no sanciones, cuando estas no resultan aplicadas de manera real. En ese sentido, la reforma no hace más que una bella declaración de principio y las conductas comprobadas, y aquellas por comprobar, corren el riesgo de quedar en la impunidad. En este aspecto, contrario a lo que se ha dicho, la reforma resulta como una respuesta inadecuada del Congreso utilizada para acallar el clamor popular, pero que no soluciona el problema de raíz. Pero eso en estos momentos parece no ser lo importante. El Congreso necesita quedar bien ante la opinión. En lo que respecta al fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, cuestión que se presenta indebidamente como paso necesario para el fortalecimiento de la democracia, también se plantean grandes dudas. Este momento es inconveniente para discutir el fortalecimiento de los partidos puesto que con el aumento del umbral se estarían fortaleciendo justamente los partidos y movimientos políticos de los cuales hacen parte aquellos los candidatos vinculados con grupos armados ilegales. Resulta entonces descarado que se le diga a la ciudadanía que se deben fortalecer los partidos cuando la mayoría de ellos son culpables de la situación actual. Además, el aumento del umbral parte de un supuesto peligroso: los partidos que se consideran grandes descuentan el hecho de superar el umbral del 5%. Algo que nadie puede garantizar. Es más, ningún partido puede asegurar que volverá a superar el umbral del 2% que rigió sólo para las elecciones del 2006. Si además de este supuesto peligroso, se tiene que se pretenden limitar las expresiones políticas que se hagan por fuera de los partidos a través de los grupos significativos de ciudadanos, podemos afirmar que para fortalecerse los partidos quieren monopolizar el derecho de postulación política, acallando así voces alternativas como las que en su momento representaron Enrique Peñalosa y Álvaro Uribe Vélez, cuando se presentaron por grupos significativos de ciudadanos a los cargos que eventualmente obtuvieron. Parece natural que los partidos y movimientos políticos quieran monopolizar el derecho de postulación política y que por consiguiente quieran reducir la posibilidad de que surjan opciones políticas alternativas; simplemente están eliminando la competencia. Sin embargo, no pueden olvidar que la democracia participativa, como la que está consagrada en Colombia a partir de 1991, se fundamenta en el principio opuesto: los partidos y movimientos políticos no son los únicos detentadores del derecho de postulación. En conclusión, el aumento del umbral y las medidas complementarias que elevan los requisitos para presentarse por firmas están acallando a las legítimas expresiones ciudadanas, junto con las expresiones minoritarias. Si a lo anterior se suma que las estructuras partidistas que se pretenden fortalecer son aquellas responsables de la situación actual, el mensaje enviado por el Congreso resulta inadecuado e inconveniente. Fortalecer los partidos es importante, pero esto sólo se debe dar después de que se purgue la política. Hacerlo antes o al mismo tiempo es una burla a la ciudadanía. Al mirar lo que viene, más allá de los contenidos específicos, el Congreso necesita que la reforma se produzca y ellos lo saben. Lo que necesitan es que la reforma sea aprobada, sin importar su contenido y sus implicaciones; que se apruebe algo, lo que sea, pero que se apruebe; necesitan demostrarle al pueblo su deseo de autorregularse. Lo que se explica gracias a la creciente presión social que gira alrededor del tema, por el trabajo de los medios de comunicación y los generadores de opinión que han planteado la reforma en el terreno de los retos. Justamente en ese terreno es donde se mueve el Congreso actualmente. Asumir el reto parece ser un objetivo primordial, que incluso comparte el Gobierno. En esos términos, se puede augurar una reforma política antes de que se termine la presente legislatura. Distinto es preguntarse sobre su calidad y sus verdaderas implicaciones. Algo que en estos momentos parece ser una cuestión menor para el Congreso. En el afán de asumir el reto, el Congreso parece que hará una reforma, pero ¿será una buena? ¿Será eficaz? ¿Será una contrarreforma a la democracia participativa contenida en la Constitución del 91? Ante estas posibilidades sería inaceptable que la ciudadanía espere o que incluso le dé la espalda a la reforma, ésta se dará con o sin el influjo ciudadano. Siempre será mejor que se produzca con la opinión sería y reflexiva de todos los sectores. En ese sentido, se deben buscar las formas para incidir en los contenidos y lograr que la reforma que será aprobada sea aquella que refleje de mejor manera los deseos ciudadanos y que sea la mejor reforma posible… El tiempo se agota y la reforma necesita ser reformada.
Por: Nicolás Montoya Céspedes - Jueves, 22 De Mayo 2008
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