Quizás unos de los debates más álgidos de la historia económica ha logra trascender más de lo necesario. La demanda de antagonismos, auspiciada en gran medida por convenientes sesgos políticos, mantiene abiertas discusiones mal diseccionadas en torno a dilemas científicamente superables. Es por ello que hoy perdura en el imaginario colectivo la sensación de conflicto entre dos temas interdependientes: equidad y crecimiento económico, análisis que ha pesar de su maduración académica, al parecer no ha logrado esclarecer las preocupaciones de algunos sectores radicales de la sociedad.

Alesina y Rodrik (1994) contribuyeron con pautas teóricas que desencadenan en resultados consistentes y verificables. Los conflictos distributivos generalmente distorsionan el desempeño económico: - “nuestros evidencia empírica – argumentan - corrobora la hipótesis: queda claro que la inequidad en el ingreso (…) esta negativamente relacionada con el crecimiento”[1]. Sus conclusiones parten de la conjugación de dos modelos teóricos: la tributación optima y el análisis del votante medio.

Los economistas coinciden en la virtud de la existencia de un equilibrio fiscal. Los impuestos son insumo para el gasto público, necesario y deseable por su contribución a la disminución de externalidades negativas (y promoción de las positivas) y la provisión de bienes socialmente rentables. El gasto público también beneficia a la empresa privada: la existencia de infraestructura sólida y funcional reduce costos y alienta la inversión. Es evidente que la tributación tiene que ser positiva y mayor que cero.

De otro lado, los impuestos se contabilizan como costos dentro de las empresas. Si los costos son elevados, los beneficios podrían verse amenazados y con ello toda motivación empresarial. El cierre indiscriminado de fábricas en-lentece el crecimiento y desprovee a los ciudadanos de puestos de trabajo. Se hace evidente, por ende, que el impuesto asociado a la industria y comercio no puede ser de 1 (100%). El costo social (quiebra empresarial) podría ser elevado. Debe existir entonces una tasa de gravamen (t*) óptima. 

Sin embargo, dada la estructura de la democracia, el votante medio (el típico votante) es quien, idealmente, determina la política fiscal a través de sus representantes políticos. Los políticos, desde luego, tienen motivaciones estratégicas concretas: “ningún grupo está dispuesto a (…) tomar medidas que afecten a su electorado”[2]. La lógica es entonces la siguiente: si el votante medio en una ciudad es pobre (es decir la distribución del ingreso es precaria) prevalecerá una política tributaria menos flexible; resulta previsible que quienes no sean dueños del capital tengan preferencias encaminadas a gravarlo. 

En concreto, si el ingreso tiende a concentrarse, las preferencias electorales llevaran a tasas de tributación a la derecha del punto óptimo (ver gráfico). Los impuestos elevados reducirán los beneficios de las firmas de tal forma que los empresarios se verán desalentados a producir. Se perderán plazas de empleo y se reducirá el crecimiento económico. El corolario será, por ende, resaltar como una distribución más progresiva del ingreso alentará la aceleración de la industria, iniciando así un círculo virtuoso que se acercará a corregir desigualdades en la posesión del capital, motivando tasas de tributaciones circundantes a niveles óptimos. El antagonismo de desvanece.

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